Su cadáver fue hallado en avanzado estado de
descomposición el miércoles 24 de julio en una de las canchas de tiro del grupo
comando.
Lo enterraron cerca del sector conocido como
La Laguna. Para ese momento la data de muerte era de 26 días.
Se presume que los militares involucrados intentaron
desaparecer el cadáver para luego simular una supuesta deserción y evadir así
una investigación por homicidio.
Extraoficialmente se pudo conocer que hasta
el momento han sido responsabilizados por este crimen el teniente coronel
William José Serrano Fermín, el primer teniente Jaime Jaramillo y el sargento
primero Gerson Ramírez, adscritos a la unidad élite de la GNB.
Las pesquisas se extienden a otros
funcionarios que son entrevistados por personal de la Dirección de
Contrainteligencia Militar y la Inspectoría de la GN.
Participa, además, una fiscal del Ministerio
Público especializada en Derechos Fundamentales.
Guinand Yéndez habría fallecido como consecuencia de
las torturas a las que fue sometido para que revelara el paradero de una
pistola asignada por el componente militar.
Fuentes ligadas a la pesquisa señalaron que
la causa de muerte fue asfixia mecánica. De igual forma se determinó que
durante los interrogatorios fue golpeado.
De Cumaná a Caracas.
El 12 de julio los familiares del cabo
acudieron a la morgue de Bello Monte para determinar si su cadáver se
encontraba allí. Con anterioridad habían consignado una denuncia por su
desaparición en el Cicpc y en la Inspectoría de la Guardia Nacional
Bolivariana.
La última comunicación de Guinand con su círculo
familiar fue el 29 de junio, cuando se disponía a participar en los
entrenamientos para el desfile militar del 5 de julio.
Constantemente informaba sobre sus
actividades en una cuenta abierta en Facebook con un nombre ficticio.
En ese sitio aparecía retratado con sus
compañeros de unidad. Igualmente se comunicaba por allí con sus seres queridos
para anunciarles cuándo iría a la capital sucrense.
Posteriormente su novia recibió un mensaje anónimo
en el que le informaban que lo vieron esposado y golpeado.
Guinand era huérfano y se crió con sus tíos
en Cumaná. Su cadáver fue llevado ayer en avión a esa ciudad. El servicio
funerario fue pagado por el Ministerio de la Defensa y el entierro fue en el
Cementerio General, en horas de la tarde.
Tatuaje lo identificó.
Arévalo Linares Guinand Yéndez, tío de la
víctima, dijo que el miércoles 24 a las 8:00 pm fue cuando lograron identificar
el cadáver de su sobrino, gracias a un tatuaje.
Indicó que la víctima desapareció desde el 29 de
junio y que los funcionarios de la GNB intentaron evadir la responsabilidad en
este caso al indicarles a los familiares que él había desertado.
Guinand Yéndez fue a Caracas para denunciar
la desaparición del alistado en el Ministerio de Interior y Justicia, Fuerte
Tuina, Cicpc, Ministerio Público, Cicpc y el DIM.
Los parientes ya sospechaban que había muerto.
“Recibimos una llamada anónima de sus compañeros supuestamente; nos dijeron:
‘búsquenlo, que él no se fugó de aquí”.
Relató que las autoridades querían sacar el
cadáver de la morgue ayer en la madrugada para que ningún medio de comunicación
social se enterara de este hecho.
Déficit de derechos humanos en la FANB
Marino Alvarado, director de Provea, señaló
que el caso de Guinand se suma a una cadena de denuncias sobre torturas
aplicadas por militares durante los últimos años.
“Se pretende decir que esta Fuerza Armada es
distinta que la de la llamada cuarta república. Los hechos recientes indican
que eso no es así. Los casos reportados por la Fiscalía involucran al Ejército,
la Guardia Nacional y la Armada”, dijo.
Indicó que el Ejecutivo debe reconocer la
existencia de un problema y no señalar que se trata de supuestas elaboraciones
de los medios de comunicación.
“Las cosas van conociéndose y se demuestra que no es
una campaña. Es necesario rectificar. El Ejecutivo no quiere reconocer el
déficit en materia de derechos humanos en la FANB”, concluyó.
Advirtió que debido al despliegue intenso de
los militares, el riesgo es que estas situaciones se repitan.
A la justicia ordinaria
Régulo Díaz Vega, general de brigada retirado y ex
subinspector general de la GN, afirmó que en estos casos lo ideal es que los
militares no participen en la averiguación penal pues de lo contrario se
generan situaciones que pueden llamar a sospecha.
“Al conocerse este hecho en la Fuerza, se
debe notificar de inmediato a la Fiscalía. Luego deben abstenerse de participar
en la investigación para que no se diga que tienen un interés”, explicó.
Agregó que el caso de Guinand debe ser conocido por
la justicia ordinaria e instruido por la Fiscalía y la policía judicial, y que
simultáneamente se debe realizar una pesquisa disciplinaria que debe abarcar a
todo el personal de guardia el día en que ocurrió el crimen, especialmente
aquellos encargados de la custodia de las armas.
“Casos como este lo avergüenzan a uno. De un
tiempo acá las reacciones de la Guardia Nacional han estado reñidas con lo que
se les enseña en las escuelas”, afirmó.
Aconsejó a la jefatura actual del componente
que examine las actuaciones de los últimos meses. La repetición de los abusos,
en su criterio, indica que ya no se trata de hechos particulares sino de la
regularización de prácticas que van contra los derechos humanos.
Reiteradas torturas
En marzo de 2012 una columna del Ejército sometió y
torturó a 40 campesinos señalados de tener vínculos con la guerrilla colombiana
en el sector Varitalia, en el estado Táchira.
En noviembre de 2012 dos personas fueron torturadas
por funcionarios del Comando Regional 9 de la Guardia Nacional Bolivariana, en
Puerto Ayacucho, que investigaban la pérdida de dos fusiles AK103 en un refugio
de fauna silvestre.
En mayo de 2013 una poblada incendió el destacamento
87 de la GNB, en Cabruta, Guárico, al constatarse la muerte de Jesús Pérez
debido a los golpes que le propinaron los funcionarios en esa instalación.
En julio de 2013 fueron detenidos 10 militares del
Ejército luego de matar a Renny Suárez en una vivienda del callejón La
Carbonera de Orope, Táchira. Lo investigaban por contrabando de gasolina. (Javier
Ignacio Mayorca / María Iguarán, El Nacional, 26.07.13)
Revista Zulia
Prensa / Derecho
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por Comunicarse con Zulia Prensa