El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la
Asamblea Nacional (AN), Elio Serrano, estima que la demanda de vehículos
en el país ronda las 120.000 unidades anuales.
“No es tal esa demanda que dicen los economista defensores de las ensambladoras, decimos que con la importación y el ensamblaje que se haga aquí, con una producción de 120.000 vehículos (por año) creemos que se subsana el problema de la demanda insatisfecha de los vehículos”, refirió al comentar la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada la semana pasada por el Parlamento y en espera por su promulgación por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Este instrumento legal busca frenar la especulación y usura que existe en la cadena de comercialización de vehículos automotores terrestres, repuestos y accesorios.
“Tengo la certeza de que las ensambladoras del país, lejos de tener pérdidas, le retribuyen a sus casa matrices muy buenas ganancias desde el punto de vista de lo que es el negocio internacional de vehículos”, indicó.
La ley establece un plazo no mayor de 120 días, una vez publicada en Gaceta Oficial, para que el Gobierno fije los precios justos de los vehículos, pero mientras esto ocurre deben tomarse en cuenta los precios sugeridos por las ensambladoras al 28 de febrero de este año.
La fijación de los precios estará a cargo de un sistema integrado por el Ministerio para el Comercio y la Superintendencia de Costos y Precios Justos (Sundecop).
“La población venezolana ve con agrado que este tema quede regulado. La hemos visto a través de redes sociales, en comunicaciones enviadas a la comisión, y la gente está consciente que hay especulación y una estafa continuada que se le está haciendo al pueblo en general”, aseveró.
Serrano consideró que otro elemento que contribuirá a la regulación de los precios de los vehículos es la prohibición expresa que tienen las empresas de seguros de acordar pólizas para automóviles por encima del precio máximo de venta que se establezca.
Los pólizas de seguros de vehículos se mantendrán vigentes, aun cuando estén por encima del precio máximo establecido, hasta su vencimiento. Pero cuando vaya a renovarse se deberá ajustarse al precio regulado por la ley.
En este sentido, si el comprador accede a pagar un monto adicional al precio máximo establecido por un vehículo se arriesga a perder ese diferencial porque no lo podrá asegurar por un monto mayor que el indicado.
De igual manera, el registro de la operación de compra-venta ante una notaria no se podrá realizar por encima del precio máximo establecido.
La empresa ensambladora deberá informar cuántas unidades mensuales produjo, así como cuáles concesionarios los entregó, de manera tal que se le pueda hacer seguimiento al vehículo desde que sale de la planta.
“Queremos que el vehículo ensamblado en el país se sepa hacia dónde va”, dijo Serrano al referir el mecanismo que busca facilitar al comprador anotado en una lista de espera conocer cuándo puede estar disponible una unidad.
Revista Zulia Prensa / SIBCI
“No es tal esa demanda que dicen los economista defensores de las ensambladoras, decimos que con la importación y el ensamblaje que se haga aquí, con una producción de 120.000 vehículos (por año) creemos que se subsana el problema de la demanda insatisfecha de los vehículos”, refirió al comentar la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada la semana pasada por el Parlamento y en espera por su promulgación por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Este instrumento legal busca frenar la especulación y usura que existe en la cadena de comercialización de vehículos automotores terrestres, repuestos y accesorios.
“Tengo la certeza de que las ensambladoras del país, lejos de tener pérdidas, le retribuyen a sus casa matrices muy buenas ganancias desde el punto de vista de lo que es el negocio internacional de vehículos”, indicó.
La ley establece un plazo no mayor de 120 días, una vez publicada en Gaceta Oficial, para que el Gobierno fije los precios justos de los vehículos, pero mientras esto ocurre deben tomarse en cuenta los precios sugeridos por las ensambladoras al 28 de febrero de este año.
La fijación de los precios estará a cargo de un sistema integrado por el Ministerio para el Comercio y la Superintendencia de Costos y Precios Justos (Sundecop).
“La población venezolana ve con agrado que este tema quede regulado. La hemos visto a través de redes sociales, en comunicaciones enviadas a la comisión, y la gente está consciente que hay especulación y una estafa continuada que se le está haciendo al pueblo en general”, aseveró.
Serrano consideró que otro elemento que contribuirá a la regulación de los precios de los vehículos es la prohibición expresa que tienen las empresas de seguros de acordar pólizas para automóviles por encima del precio máximo de venta que se establezca.
Los pólizas de seguros de vehículos se mantendrán vigentes, aun cuando estén por encima del precio máximo establecido, hasta su vencimiento. Pero cuando vaya a renovarse se deberá ajustarse al precio regulado por la ley.
En este sentido, si el comprador accede a pagar un monto adicional al precio máximo establecido por un vehículo se arriesga a perder ese diferencial porque no lo podrá asegurar por un monto mayor que el indicado.
De igual manera, el registro de la operación de compra-venta ante una notaria no se podrá realizar por encima del precio máximo establecido.
La empresa ensambladora deberá informar cuántas unidades mensuales produjo, así como cuáles concesionarios los entregó, de manera tal que se le pueda hacer seguimiento al vehículo desde que sale de la planta.
“Queremos que el vehículo ensamblado en el país se sepa hacia dónde va”, dijo Serrano al referir el mecanismo que busca facilitar al comprador anotado en una lista de espera conocer cuándo puede estar disponible una unidad.
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