Más de 100 millones de dólares
destinados al combate al narcotráfico en México fueron a dar a la
basura. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos es el encargado
de licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa Mérida y
no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas empresas, con resultados
desafortunados. Esas tres compañías no tienen capacidad para cumplir las
funciones que se les encomiendan, pero siguen siendo las consentidas y
recibiendo contratos para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM…
WASHINGTON (Proceso).-
Por el sistema preferencial que aplica la embajada de Estados Unidos en
México para asignar contratos a empresas estadunidenses, se malgastaron
más de 100 millones de dólares que debían ser utilizados para
fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de la
Iniciativa Mérida.
Según documentos obtenidos por Proceso,
Fred Schellenberg, coordinador de Tecnología de la Sección de Asuntos
sobre Narcóticos de la embajada de Estados Unidos en México, incurrió en
medidas preferenciales para asignar contratos por más de 100 millones
de dólares a las empresas Alutiiq 3SG, All Native Services (ANS) y
Sarakki Associates Inc.
Las empresas beneficiadas por
Schellenberg, como se observa en los documentos y de acuerdo con las
fuentes consultadas, proveen sistemas y soluciones de tecnología
profesional para respaldar las actividades y mecanismos de seguridad
nacional.
“El problema”, dice una de las fuentes consultadas y
quien por razones de seguridad pide no se revele su identidad, “es que
estas tres empresas han entregado sistemas que no funcionan para los
propósitos definidos y solicitados por el gobierno mexicano pero nadie
dice nada, nadie supervisa ni nadie en la embajada de Estados Unidos ni
el gobierno mexicano audita que los sistemas y las soluciones
funcionen”.
Para obtener sistemas y equipo bajo el esquema de la
Iniciativa Mérida el gobierno de México hace una solicitud a la embajada
de Estados Unidos, la cual recibe directamente Schellenberg; él analiza
el pedido y si procede –según su criterio– contrata a una empresa 8(a)
para que haga un análisis a fondo de los requerimientos.
Una
empresa 8(a) es la que presenta la viabilidad de la solicitud y se
propone para su implementación. La embajada autoriza a la empresa
elegida a encargarse del proyecto. Con ello la compañía procede a
contratar a quien desee para ejecutarlo. Y México tiene que “firmar de
recibido” el proyecto para su cierre.
Según los estatutos de la
Administración de Pequeños Negocios (SBA) del gobierno estadunidense,
Alutiiq, ANS y Sarakki están clasificadas como empresas 8(a), categoría
de pequeñas compañías que están en desventaja frente a los grandes
consorcios.
Pero en Estados Unidos las tres empresas favorecidas
por Schellenberg no pertenecen a la categoría 8(a); están catalogadas
como empresas grandes y competitivas. No obstante para obtener contratos
en México –y porque sus dueños o las sociedades que las integran
pertenecen a grupos étnicos minoritarios–, las tres concursan bajo el
esquema mencionado y así se les elimina la competencia.
ANS y
Alutiiq pertenecen a indígenas mientras Sarakki es una sociedad del
estadunidense Greg Mosley y dos indoestadunidenses: Venu Sarakki y
Pranesh Tarikere.
