El decomiso se realiza durante un dispositivo del Plan Nacional de Fiscalización Conjunta, que desarrolla el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y en el que participan otras 10 instituciones del Estado.
Moreno informa que por este delito, de acaparamiento y atentado contra el derecho de los venezolanos al acceso a los bienes y servicios, fueron puestos a la orden del Ministerio Público dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Este tipo de irregularidades son detectadas a través de los dispositivos de fiscalización conjunta que realizan 11 instituciones del Estado, en defensa de los derechos de los ciudadanos y con el propósito de incrementar la lucha contra la especulación y el acaparamiento.
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