Comala,
Col.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que
las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria de
Colima, Lic. María Elena Díaz Rivera, en contra de integrantes de la
organización Bios Iguana A.C., de la propia REMA y del Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero (M4), están poniendo en
riesgo la integridad física y moral de sus miembros.
La REMA señaló que la delegada Díaz
Rivera acusó en las últimas semanas, ante los medios de comunicación,
directamente a los integrantes de Bios Iguana AC, de presionar a los
comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener “sembradíos”, de
traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla", de tener intereses de
tierras comunales, entre otras mentiras y declaraciones irresponsables y
ambiguas que no sólo transgreden sus funciones públicas y exceden sus
facultades sino que, además, junto con la solicitud de la fuerza pública
en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros, ya está
poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los
derechos humanos.
Indicó que el día viernes 21 de febrero
del año en curso, durante la manifestación pacífica que realizaban el
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios
Iguana, frente a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría
Agraria en la ciudad de Colima, personal de esta Delegación, entre el
que se encontraba el Licenciado Carlos Soulé, violentó física y
verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana. Agregó que este hecho ya
fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima.
Manifestó que estas mismas personas han
reiterado su acoso inclusive a otros miembros que integran la
organización Bios Iguana. Denunció que el mismo Licenciado Soulé, el
sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la calle al abogado de Bios
Iguana.
Acusó que otros integrantes de Bios
Iguana han sido perseguidos y acosados por las calles de la capital del
estado. Apuntó que la delegada Díaz Rivera manifestó: “si los de Bios
Iguana son entrones, yo también” y “No quieren que vaya a Zacualpan
porque no quieren que vea los sembradíos que tienen”.
Añadió que esas falsas acusaciones sin
fundamento de Díaz Rivera han provocado que un grupo de comuneros que
defienden al destituido Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan,
Carlos Guzmán, amenazaran de muerte a miembros de Bios Iguana en la
capital del Estado, en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
Precisó que Rubén Guzmán Aranda, hijo
del ex presidente de Bienes Comunales amenazó a los miembros de Bios
Iguana: “Ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de
Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios
Iguana ya se los cargo con sus sembradíos de mariguana, te metiste a mi
casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora si a chingadazos los
vamos a sacar, ya te cargo la verga porque si no aprendiste por la buena
ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus
compañeros”.
Dijo que esta denuncia ya ha sido
interpuesta por Bios Iguana, en la Mesa 2 de Averiguaciones Previas de
la Procuraduría General de la República, Delegación Colima. Abundó que
los comuneros, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de
Zacualpan, como los Hijos Ausentes de Zacualpan que radican en los
Estados Unidos, ya han desmentido públicamente todas estas falsas
acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera.
Sin embargo, explicó, Díaz Rivera no
cesa en sus falsas acusaciones provocando mayores divisiones, generando
conflictos entre los comuneros y poniendo en riesgo la vida de
activistas ambientales y defensores de los derechos humanos.
Expuso que videos, fotografías,
testimonios, documentos así como notas periodísticas de diversos medios
locales y nacionales, han dado registro de la indebida actuación tanto
del ex comisariado como de la delegada de la Procuraduría Agraria.
Refirió que el pasado 23 de febrero, con
la presencia de Notario Público, sin altercados violentos ni presencia
de fuerzas públicas y nadie ajeno a la Asamblea, ceñidos al reglamento y
la ley agraria, la asamblea de comuneros de Zacualpan logró la
destitución del Comisariado Ejidal, Carlos Guzmán, luego de que, bajo
evidente asesoría de la delegada, convocaba y suspendía asambleas o
boicoteaba su realización violando la ley agraria, con el fin evitar su
remoción, lograr la implementación del proyecto minero, y evitar la
pérdida de supuestos beneficios económicos antes del final de su cargo
como Comisariado, de los cuales el Consejo de Vigilancia no tenía
información.
Ante todo ello, la Red Mexicana de
Afectados por la Minería, solicitó urgentemente medidas cautelares para
la comunidad de Zacualpan y para la organización de Bios Iguana AC. a
fin de garantizar la seguridad de los comuneros y de los integrantes de
esta Asociación Civil.
Consideró que una investigación y
auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo Comisariado Ejidal, en
el cual ahora participan mujeres, sobre los recursos que las distintas
dependencias canalizaron al ex comisariado ejidal durante su gestión,
ayudaría a despejar sospechas de conflictos de intereses y deslindar
responsabilidades.
Expresó su reconocimiento y avaló el
excelente trabajo que Bios Iguana A.C. ha venido realizando desde hace
veinte años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio
ambiente, razones por las cuales hizo pública su solidaridad a la
organización ante las difamaciones en su contra por parte de la
Procuraduría Agraria, "que son una muestra más de agresión a defensores
de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la
devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está
generando en nuestro país".
Responsabilizó al Gobierno del Estado de
Colima, a la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima y al ex
Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, por la seguridad física y
moral de los comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la
Defensa del Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana
AC., todos miembros de la REMA, de los actos de violencia que están
generando sus difamaciones y declaraciones como funcionaria pública, así
como de posibles actos de autoridad que violen sus derechos humanos.
La Red Mexicana de Afectados por la
Minería exigió también al Procurador Agrario de la federación deslinde
responsabilidades en torno a las actuaciones de su delegación en el
estado de Colima.
