El Ministerio Público imputó a tres hombres por su presunta
responsabilidad en el acaparamiento de aproximadamente 20 toneladas de
pollo, decomisadas el 9 de mayo, en un depósito de la calle Páez, sector
La Piedrita, estado Bolívar.
En la audiencia de presentación, el
fiscal 4º del primer circuito de Ciudad Bolívar, Daniel Lanz, imputó a
Winston Aponte (50) chofer, José Araya Medina (46) encargado del
depósito, y Miguel Osto Rodríguez (47) vendedor, por la presunta
comisión en los delitos de acaparamiento y contrabando de extracción en
grado de coautoría.
Tales delitos se encuentran previstos y
sancionados en los artículos 139 y 143 de la Ley para el Acceso de las
Personas a los Bienes y Servicios.
De acuerdo con los elementos de
convicción presentados por el fiscal del Ministerio Público, el
Tribunal 1º de control del referido circuito judicial, dictó la medida
cautelar de presentación cada 15 días para los tres hombres.
El
día antes mencionado, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) recibieron una denuncia sobre el acaparamiento de alimentos en un
depósito ubicado en el sector La Piedrita.
Inmediatamente,
efectivos castrenses se apersonaron al lugar junto con funcionarios de
la coordinación regional del Instituto para la Defensa de las Personas
para el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis), quienes hallaron en el
depósito una gandola con 19.689,02 kilogramos de pollo.
Una vez
iniciado el procedimiento, los funcionarios verificaron la permisología
correspondiente, comprobando que según la guía de ruta presentada ante
el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, dicha mercancía
debía ser entregada en otro depósito, ubicado en la avenida Sucre,
sector Guaicaipuro.
Motivo por el cual, fueron aprehendidos en el
lugar de los hechos el chofer de la gandola, el encargado y el vendedor
del referido deposito.
Vale destacar, que las casi 20 toneladas de pollo fueron retenidas por el Indepabis, para su posterior venta al público.
Es
importante destacar que el Ministerio Público ha desplegado fiscales en
cada uno de los estados del país, a fin de combatir el acaparamiento y
especulación en la comercialización de alimentos.
De igual manera,
los fiscales superiores de las distintas jurisdicciones han participado
en mesas de trabajo con otras instituciones del Estado venezolano, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para el acceso de las
Personas a los Bienes y Servicios.
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