sábado, 20 de julio de 2013

Estudiantes de la UCV denuncian malversación de fondos por parte de la APUCV

Estudiantes de la UCV acusan a la Asociación de Profesores de malversación de fondosLa Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, recibió a un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes plantearon diversas denuncias por una supuesta desviación de los recursos parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) y solicitaron ante esta instancia parlamentaria abrir una investigación a la Fundación UCV.

El estudiante de la Escuela de Derecho de la UCV, Luis Arreaza detalló que en sus manos tiene información que evidencia que la UCV le paga al presidente de APUCV, el ciudadano Víctor Márquez, “un servicio de escolta a la empresa de Consultores de Seguridad y Riesgos Representaciones NPC, por un monto de Bs. 12.432.

Asimismo informó, que Víctor Márquez tiene una denuncia ante la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público, por agresión física a un estudiante de esa casa de e estudio y por ello le paga honorarios profesionales por la cantidad de Bs. 30.000.00 al abogado y profesor Carlos Simón Bello.

Arreaza denunció que según maneja una información donde la APUCV ha recibido recursos provenientes de la Tesorería de la UCV, durante el periodo 2009, 2010, 2011, 2012, “la APUCV, ha recibido de esta dependencia central aproximadamente Bs. 46.450.000, Bs. 45.409.000, Bs. 74.315.000 y Bs. 129.693.000, respectivamente. Incluso, la deuda que tiene hasta la fecha de hoy por parte de la UCV a la APUCV es de Bs. 81.974. Sin embargo, en documento oficial de la directiva de la APUCV titulado “Defendamos nuestro IPP” (2011) menciona que la deuda existente es de Bs. 134.000”.

El estudiante universitario, en este particular detalló que “la APUCV mantiene congelado 21 millones de dólares en bancos fuera de Venezuela que son cajas de ahorro provisionales, y en el artículo 244 de la Ley de Universidades, debió ser usado para la deficiencia de los profesores y esto no ha ocurrido”.

Estas son denuncias que ya se han realizado a lo largo de un año, y nosotros exhortamos a que se le haga un seguimiento. Porque a pesar de estas irregularidades no se le ha hecho una auditoria interna a la UCV, ni a la Fundación, ni a la APUCV, instancias que son protagonistas de este paro criminal, ilegal e inmoral para llevar a cabo este tipo de acciones.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inclusive introducimos una acción de amparo de la cual procedió en la cual la UCV y la FAPUV no se han pronunciado y no han acatado la orden del tribunal.

Por su parte el estudiante de la UCV, Kevin Ávila, en su condición de expulsado, informó que la UCV atraviesa una difícil situación debido a la incapacidad y la ineficiencia que tiene las autoridades universitarias, la cual está “siendo pisoteadas por las mafias corruptas, que se esconden y se ha metido en los rectorados de las cinco casas de estudios tradicionales y se cercena el derecho de los estudiantes al estudios”.

Ávila detalló que el rol fundamental de las casas de estudios no se están llevando a cabo así como hacer aportes al desarrollo pleno de la sociedad y en la solución de los problemas y conflictos, “esta es una universidad que no está dando respuestas hemos visto y sido testigo como grupos políticos de la extrema derecha reconocidos por torturas a los estudiantes en años anteriores, utilicen a los estudiantes a sus intereses partidista”.

Ante estas denuncias el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral diputado Oswaldo Vera (PSUV/Vargas) informó que vale la pena investigar a profundidad y que exhortarán a la Comisión Permanente de Contraloría Social de la AN con base al derecho de palabra con los elementos de recaudos para que acelere el proceso de investigación de la denuncia presentada por los estudiantes.

Asimismo, el diputado Vera reiteró el llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana a abrir el debate de la trasformación universitaria con base a la Ley de Universidades “con la participación de todos, sin represión, sin expulsión, sin sanción de cara al país”.