miércoles, 15 de mayo de 2013

Venezuela dio un paso adelante con leyes que regulan el trafico de organos

El tráfico de órganos humanos ha sido un daño en aquellos países más pobres. Venezuela dio un paso adelante con leyes que regulan el tráfico de órganos

Durante finales del siglo XX, los delitos comenzaron a traspasar las fronteras de los Estados, dando paso a grandes redes delincuenciales que desconocen de límites y respeto a la dignidad humana.
Entre esos crímenes internacionales encontramos el tráfico ilegal de órganos, definido en la Declaración Internacional de Estambul sobre el Tráfico y el Turismo de Trasplantes (2008) como “la obtención, transporte, transferencia,
ncubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos, mediante una amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de posición vulnerable o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte de un tercero para obtener el traspaso de control sobre el donante potencial, dirigido a la explotación mediante la extracción de órganos para trasplante”.
Gracias a los adelantos científicos y clínicos, a principios del siglo XX fue posible realizar por primera vez el trasplante de órganos para así salvar vidas. No obstante, como consecuencia de la vertiginosa demanda de órganos o de células humanas a escala internacional, este milagro de la ciencia se ha visto ensombrecido, pues las redes criminales han extendido sus actividades a la obtención de órganos humanos en forma ilegal, mediante la coerción o el pago de dinero, incluso, sin importarles la vida de los donantes en muchos casos.
El cuerpo humano se ha vuelto una mercancía más, un simple objeto sometido a la manipulación inescrupulosa de personas que sólo buscan ganancias cuantiosas. Generalmente, captan a personas de escasos recursos del continente africano o países suramericanos, para que, a cambio de dinero, vendan algunos de sus órganos.

Comercio ilícito
En ocasiones se puede escuchar, acerca del caso de alguna persona que fue engañada o secuestrada y que luego apareció en una bañera con hielo, con una nota sugiriéndole ir a un centro médico porque se le había extraído algún órgano. También, hay casos de niños y niñas desaparecidos, de quienes nunca más se supo. Sin embargo, hechos como estos han sido considerados leyendas urbanas; incluso, un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en octubre de 2009 sobre el tráfico de órganos desestimó ambas prácticas.
La realidad es que el tráfico de órganos es producto de un comercio ilícito, muy bien organizado a través de redes criminales mundiales, dedicadas a buscar en países pobres a personas de escasos recursos, quienes consideran como una opción la venta de un órgano para subsistir durante un tiempo.
El informe de la ONU señala que el órgano más buscado es el riñón, pero también se ofrecen en este mercado ilícito: córneas, corazones, páncreas, pulmones e hígados, además de otras sustancias corporales como sangre, plasma o médulas espinales.
El documento señala diversos países como los más proclives al suministro de órganos y plantea una escalofriante modalidad conocida como el turismo de trasplantes, la cual consiste en ofrecerles a las personas que lo requieren, un paquete que incluye el traslado, el órgano que necesitan y la operación. Los principales destinos “turísticos” son países que cuentan con tecnologías clínicas que les permiten realizar las intervenciones sin tener que trasladar el órgano hacia los países con mayor demanda.
La mayoría de pacientes que realizan este tipo de viajes provienen de países desarrollados, donde las personas tienen un mayor poder adquisitivo y se les hace más factible viajar a naciones con menos desarrollo para costear la operación. Los paquetes del turismo de trasplante pueden oscilar entre 70.000 y 120.000 dólares.
Aunque parece una historia dantesca, es una cruel realidad que con mayor frecuencia está pasando, debido a las pocas medidas nacionales e internacionales tomadas en consideración por los Estados. Son violaciones constantes a los derechos humanos, que convierten a las personas en una simple mercancía.
El informe revela que entre 5 a 10% de los trasplantes que se realizan a escala mundial son producto del tráfico de órganos.
Declaración de Estambul
Desde el 30 de abril al 2 de mayo de 2008, en Estambul, Turquía, se reunieron 152 representantes de instituciones públicas y organismos médicos y científicos de 78 Estados, a fin de deliberar acerca de algunos de los problemas más significativos en relación con la donación y los trasplantes de órganos, tejidos y células humanas en el mundo, especialmente en algunos países en vías de desarrollo. Allí, suscribieron la Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el Turismo de Trasplantes.
En dicha reunión se acordó que “el tráfico de órganos y el turismo de trasplante violan los principios de igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana y deberían prohibirse”. Asimismo, instaron “a los Estados a crear un marco legal acompañado de medidas penales para quienes participen en estas actividades y prohíba todo tipo de publicidad de solicitudes u ofertas de órganos”.
Legislación venezolana
Venezuela es uno de los países de América del Sur que está más adelantado en esta materia, pues cuenta con dos leyes: una, orientada a castigar a las personas inescrupulosas que trafiquen órganos humanos, y otra que busca incentivar la donación de órganos, como una medida que coadyuvaría a revertir el comercio ilegal.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, demuestra que el Estado venezolano está consciente de que la delincuencia organizada es un fenómeno global, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y supera el espacio del Estado. Asimismo, reconoce la necesidad de enfatizar en las medidas de control, prevención y fiscalización, así como en las sanciones aplicables, con la finalidad de combatir los delitos de carácter transnacional, tales como el narcotráfico, la trata de personas, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, entre otros.
El capítulo III de dicha ley, sobre los delitos contra las personas, contempla en el artículo 43 que “Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de órganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano, será penado con prisión de veinticinco a treinta años”.
Igualmente, en noviembre de 2011 fue promulgada la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, instrumento con el que el Estado venezolano busca incentivar el número de donaciones, pues Venezuela tiene una de las tasas de donación más bajas de Suramérica; para el 2010 la tasa era de 3,5 donantes por cada millón de habitantes.
Uno de los principales propósitos fue dejar por sentado que la donación de un órgano es un acto personal y voluntario, mediante el cual la persona manifiesta en vida su decisión a sus familiares, o deja un “acta de autorización para el retiro de órganos, tejidos y/o células”. Sólo pueden utilizarse los órganos para fines terapéuticos y en establecimientos y centros de salud autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
El artículo 10 de la referida ley establece que “Está prohibida cualquier transacción comercial, compensación monetaria o retribución material, directa o indirecta, por los órganos, tejidos y células a ser usados con fines terapéuticos, de investigación o docencia.
La donación de órganos, tejidos y células, solamente deberá realizarse a título gratuito. Se prohíbe, en consecuencia, y será nulo de nulidad absoluta y no tendrá valor jurídico alguno, el acto o contrato distinto a la donación, pura y simple, que a título oneroso o a cualquier otro tipo de compensación, contenga la promesa de entrega de uno o más órganos, tejidos y células para efectuar un trasplante”.
Ambas leyes están dirigidas a resguardar y respetar el derecho a la vida y la dignidad de las personas, y es deber del Estado velar porque este propósito se cumpla.
Origen: Texto: Sandra Pepe Ministerio Publico